La sociedad veracruzana vive una de sus peores crisis de inseguridad, violencia e impunidad. El crimen organizado ha desestabilizado la tranquilidad de Veracruz y por si fuera poco, las corporaciones encargadas de proteger a los ciudadanos se han convertido en centro de abusos cotidianos contra la población. Las estructuras de seguridad pública en Veracruz, tanto de las corporaciones municipales como de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, son señaladas cada vez más como responsables de abusos de autoridad, actuación arbitraria y atentatorias de los derechos humanos.
Prueba de ello es que estas corporaciones de seguridad concentran el 75 por ciento de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: el año pasado de 150 recomendaciones emitidas por violaciones a los derechos humanos, 65 fueron con destino a la Secretaría de Seguridad Pública y 48 a las presidencias municipales –responsables de las policías preventivas-, en su gran mayoría por violaciones a la integridad corporal de las personas, es decir, abusos policiacos y detenciones arbitrarias.
Estos datos y las cotidianas denuncias que se registran en contra de los elementos policiacos, ilustran la deficiente capacitación e inadecuados procesos de selección del personal contratado para la delicada tarea de velar por la seguridad de los ciudadanos.
El Partido del Trabajo expresa su profunda preocupación y hace suyo el reclamo de la sociedad veracruzana de demandar un alto en estos abusos y atropellos de las corporaciones policiacas, exigiendo al Gobierno del Estado –como máximo responsable de garantizar la seguridad de la población- adopte medidas urgentes para que se actúe contra los malos servidores públicos y no aliente la impunidad que prevalece.
Es necesario hacer una profunda revisión de las estructuras de seguridad pública, para proceder a hacer una limpia en torno a todo el personal que no cumpla con los requisitos elementales que debe reunir un policía para ser garante de la seguridad del ciudadano. Además, el Estado debe adoptar una estrategia integral de seguridad pública que incluya la adecuada capacitación de los elementos y procesos adecuados de selección de personal.
Es lamentable que la seguridad pública de los veracruzanos esté en manos de elementos que no califican para el desempeño adecuado de su función. El año pasado un documento de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal –difundido por el diario EL UNIVERSAL- reveló que un total de mil 30 elementos de las policías municipales y estatales de Veracruz fueron calificados como “no recomendables” para desempeñar sus actividades, luego que se les aplicaron exámenes de confianza.
El Partido del Trabajo reprueba enérgicamente la lamentable actuación de estos servidores públicos y demanda un freno a los abusos policiacos que se cometen a diario en contra de los veracruzanos.
Prueba de ello es que estas corporaciones de seguridad concentran el 75 por ciento de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: el año pasado de 150 recomendaciones emitidas por violaciones a los derechos humanos, 65 fueron con destino a la Secretaría de Seguridad Pública y 48 a las presidencias municipales –responsables de las policías preventivas-, en su gran mayoría por violaciones a la integridad corporal de las personas, es decir, abusos policiacos y detenciones arbitrarias.
Estos datos y las cotidianas denuncias que se registran en contra de los elementos policiacos, ilustran la deficiente capacitación e inadecuados procesos de selección del personal contratado para la delicada tarea de velar por la seguridad de los ciudadanos.
El Partido del Trabajo expresa su profunda preocupación y hace suyo el reclamo de la sociedad veracruzana de demandar un alto en estos abusos y atropellos de las corporaciones policiacas, exigiendo al Gobierno del Estado –como máximo responsable de garantizar la seguridad de la población- adopte medidas urgentes para que se actúe contra los malos servidores públicos y no aliente la impunidad que prevalece.
Es necesario hacer una profunda revisión de las estructuras de seguridad pública, para proceder a hacer una limpia en torno a todo el personal que no cumpla con los requisitos elementales que debe reunir un policía para ser garante de la seguridad del ciudadano. Además, el Estado debe adoptar una estrategia integral de seguridad pública que incluya la adecuada capacitación de los elementos y procesos adecuados de selección de personal.
Es lamentable que la seguridad pública de los veracruzanos esté en manos de elementos que no califican para el desempeño adecuado de su función. El año pasado un documento de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal –difundido por el diario EL UNIVERSAL- reveló que un total de mil 30 elementos de las policías municipales y estatales de Veracruz fueron calificados como “no recomendables” para desempeñar sus actividades, luego que se les aplicaron exámenes de confianza.
El Partido del Trabajo reprueba enérgicamente la lamentable actuación de estos servidores públicos y demanda un freno a los abusos policiacos que se cometen a diario en contra de los veracruzanos.
